El río Masacre: el centro del conflicto entre República Dominicana y Haití

 El presente artículo, fue publicado por el Diario Libre y su objetivo es aportar información para entender la disputa entre República Dominica y Haití, desde el punto de vista del derecho internacional.

Contexto

En agosto de 2018, Haití inició la construcción de un sistema de riego, abastecido por las aguas del río Masacre con el doble objetivo de controlar sus inundaciones e irrigar más de 3.000 hectáreas de tierra en la llanura de Maribaroux. La empresa cubana DINVAI ejecuta la construcción del proyecto desde junio de 2019.

Río Masacre custodiado por soldados haitianos. Foto Cortesía

Este trabajo causó preocupación entre el Estado y ciertas organizaciones de la sociedad civil dominicana. Los dominicanos sostienen que la obra podría provocar una reducción en el caudal del río. También argumentan que puede suponer una amenaza para los ecosistemas acuáticos y terrestres situados aguas abajo.

Un primer incidente grave ocurrió el 26 de abril de 2021, soldados dominicanos del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) ingresaron a territorio haitiano para detener la obra. Para tratar de encontrar una solución concertada a esta situación, se realizaron diferentes acciones diplomáticas y bilaterales que llevaron a los dos Estados a firmar una declaración conjunta en la que reconocieron que las obras en ejecución no constituyen un desvío del río Masacre y llamaron a la conformación de una mesa técnica binacional para analizar todos los problemas.

Principios legales clave para el uso y gestión del río Masacre como curso de agua internacional

Haití y la República Dominicana no son partes en la Convención de las Naciones Unidas de 1997. Sin embargo, ambos Estados están obligados a respetar los principios clave establecidos en este instrumento legal. Estos son principios generales de derecho que rigen el uso de los cursos de agua transfronterizos.

Estos son algunos principios:

1.     Uso equitativo y razonable que garantiza que todos los Estados que comparten un curso de agua reciban beneficios iguales en su uso.

2.     Los Estados deben cooperar de buena fe y realizar consultas para llegar a acuerdos sobre la gestión del recurso hídrico compartido.

3.     El principio prescribe la cooperación "sobre la base de la igualdad soberana, la integridad territorial, el beneficio mutuo y la buena fe".

4.     La Convención de 1997 estipula que los Estados del curso de agua deben intercambiar periódicamente datos e información sobre el estado del curso de agua.

Desde la perspectiva del derecho internacional y los tratados bilaterales existentes, Haití tiene todo el derecho a utilizar un recurso hídrico compartido. Solo debe garantizar la equidad y no causar daños al curso de agua.

Hasta la fecha, la parte dominicana ha construido 11 obras, incluidos dos acueductos en Castellar-Loma de Cabrera y Dajabón, dos presas en Cabeza de Caballo y Los Miches, y cinco canales de riego en Juan Calvo, La Aduana, Los Veteranos, El Coco y Don Pedro.

¿La solución?

Implementar la Declaración Conjunta del 27 de mayo de 2021 pues contiene elementos que allanan el camino para una cooperación responsable y franca entre los dos Estados con absoluto respeto a su soberanía. Coincide en que las dos partes deben seguir "intercambiando información relativa a todas las obras hidráulicas realizadas o por realizar en la zona fronteriza".