Cartago.-
El punto número uno del
acuerdo para la terminación del conflicto, denominado “Hacia un nuevo campo
colombiano: Reforma Rural Integral”, en adelante RRI, considera que esa
transformación debe estar enfocada a reversar el impacto del conflicto,
logrando cambiar las condiciones que han favorecido la persistencia de la
violencia en los territorios.
En este aparte del acuerdo,
se determina además, que los planes, programas y proyectos que se tracen en la
RRI, “deben tener enfoque territorial, diferencial y de género”, lo que implica
la garantía del respeto a las características particulares, reconociendo de
paso la amplitud.
Así las cosas la equidad de
género, avalará la “igualdad en la implementación del acuerdo” que reconoce especialmente
el rol productivo de las mujeres en el crecimiento de las economías rurales.
Estabilidad
Frente a la sostenibilidad
de los planteamientos perfilados, se propone que para asegurar la efectividad y
transparencia de los mismos, se promoverá la participación de las comunidades a
través de espacios institucionales participativos y democráticos que
profundicen la capacidad de transformación e incidencia de las poblaciones,
para la planeación, implementación y seguimiento de los planes y programas
pactados. Lo anterior, permitirá la “inclusión de las comunidades rurales en la
vida política, económica, social y cultural de sus regiones”.
Desafíos
Cifras publicadas por la
Unidad de Víctimas, en 2016, 17 mil 976 personas han sido expulsadas de sus
territorios; 19 mil 082 recibidas por esa dependencia mientras que 34 mil 237
fueron declaradas. Aunque esas estadísticas oficiales demuestran una disminución
frente a años como 2008 en el que se desplazaron 412 mil 606 personas, el reto
para que la RRI tenga el impacto positivo esperado, es que esos individuos o
grupos quieran retornar a los territorios en donde tendrían que lidiar con amenazas
a reclamantes de tierra o dificultades para emprender nuevos proyectos de vida.
La transformación
estructural del campo será efectiva toda vez que contribuya (como está
propuesto) al “cierre de la frontera agrícola” con los campesinos, indígenas,
afrodescendientes y demás comunidades étnicas y su ordenamiento socio ambiental
sostenible; “para ello es necesario el reconocimiento y apoyo a las Zonas de
Reserva Campesina (ZRC) y demás formas de asociatividad solidaria”.
Estas zonas, han sido
polémicas y han despertado voces a favor y en contra. Las ZRC fueron
cuestionadas durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, período en el
que se suspendió la perteneciente al Río Cimitarra.
Justamente, este será un
nudo que tanto los promotores del No como del Sí, tendrán que desentramar.
Ayda Luisa Córdoba Mosquera
Agencia de Noticias Niara
Fotos: Cortesía
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