Quibdó.-
La Unidad de Restitución de Tierras (URT)
presentó ante el Juzgado Civil Especializado en Restitución de Tierras de
Quibdó la demanda de
restitución de derechos territoriales a
favor del Consejo Comunitario Mayor del Municipio de Juradó (Cocomajuradó).
Esta demanda busca beneficiar a
aproximadamente 682 personas, distribuidas en 170 familias quienes ocupan
ancestralmente un área de 27.118 hectáreas reconocidas en su título colectivo.
Con el acompañamiento y la participación
activa de la junta directiva y de los miembros de las comunidades que conforman
este Consejo Comunitario, se identificaron las afectaciones a sus derechos
territoriales. A partir de estos hallazgos, la Unidad decidió incluir el
territorio de este Consejo Comunitario en el Registro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente (RTDAF), con lo que culminó la etapa administrativa
del proceso de restitución.
Contexto histórico
La ubicación estratégica de este territorio
colectivo lo convirtió en corredor para el desarrollo de actividades económicas
ilegales y en escenario de confrontación bélica entre las fuerzas militares y
grupos armados al margen de la ley. En este contexto, las comunidades vieron
limitado el ejercicio de las prácticas tradicionales en su territorio, afectada
su soberanía alimentaria, el acceso a los lugares sagrados y a la libre
movilidad, trayendo como consecuencia el confinamiento, el abandono
territorial, la destrucción del tejido social, el debilitamiento del gobierno
propio y la vulneración a su autonomía y autodeterminación.
Hechos como la toma de la cabecera municipal
en los años 1992 y 1999 y el homicidio del alcalde Henry Perea en el 2001, por
parte de las FARC EP y la masacre de Coredó perpetrada por miembros del Bloque
Elmer Cárdenas de las AUC en el año 1996, son algunos de los hechos
victimizantes que marcaron la historia de estas comunidades. Las tomas, las
confrontaciones armadas, los homicidios, la restricción al acceso de alimentos
y bienes básicos, los señalamientos y la constante estigmatización de las
comunidades provocaron el desplazamiento forzado de aproximadamente el 60% de
la población hacia las cabeceras municipales de Bahía Solano, Quibdó, Buenaventura, Cali e incluso hacia la vecina
República de Panamá.
En la actualidad los cuatro Consejos Menores:
Punta Ardita, Jiguadó, Río Partadó y Juradó que hacen parte del Consejo
Comunitario Mayor del Municipio de Juradó, permanecen prácticamente
deshabitados.
Hoy estas comunidades afrodescendientes
esperan que con el proceso de restitución de derechos territoriales, la
atención y presencia de las instituciones competentes puedan acceder finalmente
a la reparación integral para que el estado colombiano garantice el goce
efectivo de su territorio.
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